La clasificación energética de los edificios no influye en su tasación
El Banco de España exige que primero se note su efecto en el precio de mercado
La tasación de los edificios no tiene en cuenta su clasificación energética porque el mercado no la aprecia y la normativa del Banco de España exige que eso ocurra antes de que las tasadoras lo puedan introducir en sus criterios de valoración. Alrededor de un 10 por ciento de los 5,4 millones de edificios del país ya cuenta con una clasificación energética y los resultados revelan su gran ineficiencia: sólo el 0,5 por ciento es de tipo A, B o C. Lo lógico es que ese ramillete de inmuebles de calidad se valorase más en el mercado, habida cuenta de que su factura por el consumo energético es muy inferior a la de los demás, pero no es así; únicamente en los de gama alta comienza a apreciarse un poco, y en ese segmento puntúan más otro tipo de consideraciones.
Buena parte de la responsabilidad es el modo en que la población ha percibido la obligación de obtener el certificado energético de los inmuebles; en la inmensa mayoría de los casos se lo ha considerado un impuesto o una carga inútil. El resultado de este desdén del mercado es que las empresas tasadoras no lo contemplan en su criterios de valoración… porque no pueden. Como comenta Marta García, directora de Consultoría Técnica y Energética de Tinsa, “gran parte de las tasaciones del producto residencial realizadas de acuerdo con la Orden ECO/805 del Banco de España implican establecer el valor de mercado por el método de comparación. Si el mercado actualmente no está recogiendo un aumento de precio directamente imputable a este tema, nosotros no podemos adelantarnos y reflejarlo en nuestras tasaciones”.
1.300 EUROS Es el retorno que generan 300 euros invertidos en eficiencia energética, según la Agencia Internacional de la Energía. Las estimaciones de la Comisión Europea coinciden en esa proporción –cada 2.000 euros invertidos generan un ahorro de 9.000 euros– y los resultados de la auditora energética Lavola también: por cada 100 euros invertidos, el ahorro producido ha llegado a los 437 euros de media.
A su juicio, la Administración debería dar un paso al frente, trasponer toda la normativa comunitaria de eficiencia energética –algo por lo que la Comisión Europea nos ha abierto dos expedientes– y establecer algún tipo de incentivo, como la rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles para los edificios eficientes que se pensaba incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, pero que finalmente fue retirada de la redacción final. Las entidades financieras también deberían dar facilidades a la hora de conceder hipotecas –ya lo hace Triodos Bank–, teniendo en cuenta que hay menos riesgo de impago en el caso de edificios que exijan menos desembolsos para habitar en ellos cómodamente. Tinsa, en todo caso, se está preparando para el momento en que el mercado reaccione y está registrando el grado de eficiencia de los inmuebles que tasa, al objeto de disponer de la información para cuando el mercado empiece a valorarlo y poder aplicarlo. García está segura de que en ese momento su actividad servirá para dinamizar el mercado.
Un problema añadido es lo mal que se están otorgando las certificaciones –hay empresas que las dan tras una llamada de teléfono, sin haber visitado el edificio–, lo que deviene en clasificaciones incorrectas. El Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía, dependiente de Industria, está rechazando solicitudes de subvenciones para la rehabilitación de los inmuebles –del Programa Pareer-Crece, dotado con 200 millones– precisamente por eso.
Tomás Díaz MADRID.
Fuente: El economista
